Islam ofendido y libre expresión

Autor: Natan Lerner

En la mayoría de los Estados liberales, democráticos, existen limitaciones que impiden aprovechar la libertad de expresión para atemtar contra el orden público, la reputación de personas y grupos y el derecho a no ser discriminado o perseguido por razones de raza o religión. De más está subrayar que toda clase de minorías y poblaciones vulnerables están a favor de esta posición.

Quiero compartir con mis lectores una interesante experiencia personal, políticamente significativa. El alto comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas invitó a 11 expertos en derechos humanos y discriminación racial y religiosa a un seminario sobre ``Libertad de expresión e incitación a odio religioso'' que se llevó a cabo en Ginebra a principios de este mes. El grupo invitado incluyó a varios informantes especiales de las Naciones Unidas en las áreas de libre expresión y discriminación y varios universitarios que se ocupan del tema, entre ellos el autor de estas líneas.
La oficina del alto comisionado resolvió abrir el seminario a representantes de los Estados miembros y organizaciones no gubernamentales y unos 300 interesados se registraron, por lo que se debió trasladar el seminario del Palacio Wilson -la vieja sede de la Liga de las Naciones Unidas- al Palais des Nations, el edificio principal de las Naciones Unidas en Ginebra. Los delegados de Estados y ONGs no siempre se conformaron con formular preguntas y observaciones a las exposiciones de los expertos. Algunos, especialmente diplomáticos musulmanes, aprovecharon la coyuntura para vocear toda clase de opiniones, no siempre directamente relacionadas con el tema del seminario.
El seminario estuvo precedido por un intenso interés y preocupación en círculos relacionados con la esfera de derechos humanos y libertad religiosa. Desde hace algunos años, en relación con la tensión internacional provocada por el criminal atentado contra las Torres de Nueva York, y la consiguiente reacción contra el terrorismo de origen musulmán, los numerosos Estados islámicos y su organismo coordinador lanzaron una enérgica ofensiva reclamando legislación internacional contra lo que describen como ``difamación de religiones'', dirigida a coartar la libertad de expresión más allá de lo legal a fin de impedir ofensas, insultos o simplemente críticas contra religiones, el Islam nombrado específicamente. El episodio de las caricaturas contra Mahoma en un periódico danés y sus violentas consecuencias, y otros incidentes similares, están en gran medida en el trasfondo de la posición de los países musulmanes.
La preocupación internacional estaba justificada por el temor a que se intentara cercenar la libertad de expresión más allá de lo que está permitido en instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y tratados regionales inspirados en el mismo principio: la libertad de expresión es un derecho fundamental pero no absoluto y es legítimo restringirla cuando constituye incitación al odio racial o religioso conducente a discriminación, hostilidad o violencia.
Es para clarificar estos conceptos que se convocó el seminario de Ginebra, que debía examinar especialmente la interacción entre los Articulos 19 y 20 del Pacto mencionado, el primero ratificando el derecho a la libertad de expresión y el segundo, estableciendo cuales son las excepciones al principio.
Los musulmanes comprendieron que sus aspiraciones con respecto a la ``difamación'' de religiones -concepto no muy claro jurídicamente ya que puede implicar poner coto a críticas legítimas- serían inaceptables y, en vísperas del seminario y durante el mismo, sus voceros abandonaron sus exigencias y optaron por el punto de vista que permite limitar la incitación al odio por razones religiosas o raciales que puede llevar a actos de discriminación, hostilidad o violencia.
Este punto de vista es el defendido por muchos países democráticos, aunque hay algunos que no pueden aceptar en general las restricciones a la libertad de expresión, como los Estados Unidos por ejemplo. Pero en la mayoráa de los Estados liberales, democráticos, existen limitaciones que impiden aprovechar la libertad de expresión para atentar contra el orden público, la reputación de personas y grupos y el derecho a no ser discriminado o perseguido por razones de raza o religión. De más está subrayar que toda clase de minorías y poblaciones vulnerables están a favor de esta posición.
En mi ponencia formal y en mis intervenciones en el debate me detuve en particular en la posibilidad y necesidad de aprovechar disposiciones ya existentes en el derecho internacional, como por ejemplo en la Convención contra Discriminación Racial y en la Convención contra Genocidio, además de lo dispuesto en el Pacto de Derechos Humanos, para satisfacer la necesidad de evitar ataques graves contra religiones, más allá de críticas filosóficas o ideológicas plenamente aceptadas en toda sociedad democrática. También subrayé que todo grupo identificable -sea étnico, cultural, nacional o religioso- debe estar protegido contra la instigación ilegal, y que no hay razón alguna para crear una situación especial con respecto a las religiones -como concepciones- y a los grupos basados en la religión.
Es interesante señalar que, a diferencia de lo que suele ocurrir en otras reuniones de este tipo, no hubo observaciones antisemitas o anti israelíes. El embajador de Argelia hasta se permitió elogiar mi posición, mencionándome por nombre. En respuesta a lo afirmado por un vocero musulmán en el sentido de que, así como se prohibe por ley la negación del Holocausto, hay que prohibir la ``difamación'' de religiones, debí aclarar que no se puede comparar el exterminio de millones y los intentos de negarlo, por un lado, y, por el otro, ofensas, no aceptables y condenables pero que carecen del peso horrendo del genocidio.
En resumen: un seminario de once especialistas se convirtió en una asamblea de delegados de Estados y ONGs. Los musulmanes abandonaron su reclamo de nuevas limitaciones al derecho de expresión y aceptaron la posición occidental.
Fue una experiencia ilustrativa y probó que solamente con el número no se puede atentar contra los derechos fundamentales.